Ania era una niña de nacionalidad extranjera, de dos años de edad, que pasaba el verano con sus padres en nuestro país.
Entre las obligaciones de los médicos forenses, en la anterior ley de trasplantes se encontraba la posibilidad de que se nos requiriese, junto a otros dos médicos del hospital, para firmar el certificado de muerte cerebral (debía ser firmado por tres médicos y uno de ellos, cuando el caso iba a ser investigado por el juzgado por tratarse de una causa de muerte violenta podía ser el médico forense).
Al mes siguiente de mi incorporación en activo como médico forense el juzgado en el que estaba de guardia recibió el aviso del hospital de que tenían una niña (Ania) en el servicio de cuidados intensivos que se había ahogado en la piscina y se encontraba en situación de muerte cerebral.
Ni que decir tiene que, para nosotros, aunque la experiencia nos hace intentar distanciarnos emocionalmente del impacto de asistir a una muerte inesperada y la mayoría de las veces por causas desgraciadas, nos sigue afectando ver como se ha perdido una vida, mucho más en el caso de un niño y, mucho más cuando, como era el caso, somos padres y tenemos hijos de edad parecida, pues te hace ponerte en el lugar de esos padres.
Todavía fue peor en aquel caso puesto que tuve que acudir a la unidad de cuidados intensivos para confirmar el diagnóstico de muerte cerebral y firmar el correspondiente certificado y por lo tanto ver a la niña aún con vida (aunque sólo fuera vegetativa pues la anoxia cerebral que había provocado el ahogamiento determinó la muerte cerebral).
Yo siempre digo que una forma de defensa que tenemos los médicos forenses ante el panorama de la muerte de un semejante es evitar imaginarlo con vida, intentar no pensar en cómo era, que le pasó, que sentiría en los momentos previos a su muerte. Digo siempre que nuestra ventaja es que nosotros le conocemos ya muerto, para nosotros siempre ha estado muerto. Es muy diferente que el médico asista a un paciente, ponga su dedicación y su empeño en curarlo, en evitar su muerte y al final ésta suceda. De algún modo, aunque sea atenuado por la experiencia esto supone un duelo. Por eso en este caso la experiencia de ver a Ania con vida (sólo su cuerpo con vida) y saber que al día siguiente iba a practicar su autopsia fue especialmente dolorosa.
La autopsia, como es lógico, confirmó la muerte por sumersión. El cadáver presentaba lógicamente los signos de haber extraído algunos órganos para su trasplante (ambos riñones, así como el bazo). En los casos en que interviene el juzgado se precisa la autorización del juez para la extracción de los órganos y no sólo la conformidad de los familiares. El juez concede la autorización siempre que la extracción de dichos órganos (en la petición se ha de precisar cuáles se van a extraer) no impida la determinación en la autopsia las causas de la muerte para lo cual pide un informe sobre este extremo al médico forense.
Siempre he dicho que no encuentro motivos que lo impidan; dado que se trata en estos casos de una muerte cerebral y lógicamente, aunque se extraigan otros órganos, el cerebro siempre quedará. Además, nunca se extraería un órgano que haya sufrido daños traumáticos o de otra clase ya que tampoco tendría sentido trasplantarlo, por eso mis informes siempre han sido afirmativos en ese sentido de autorizar la extracción.
El único consuelo que pudieron tener los padres de Ania y también yo mismo, es que su muerte dio oportunidad de vivir a otro u otros niños.
Una antigua inscripción presente en muchas salas de disección de las facultades de medicina reza “Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae”: En este lugar es donde la muerte se regocija de ayudar a la vida.
Nunca más cierto que en el caso de Ania y de tantos otros que han permitido vivir a muchos enfermos. ¡Descanse en paz!
Ania
1 Diciembre 2021 · No hay Comentarios
Categorías: Mis muertos
Tagged: autopsia, forense, muerte
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